Rechazo de la ARMH de Bollullos Par del Condado a la ley de Memoria Histórica

La ARMH de Bollullos Par del Condado (Huelva) muestra su desacuerdo con el Proyecto de “Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”. Esperábamos una Ley que, de verdad, recuperara la Memoria Histórica y liquidara la deuda que la Historia y la sociedad tienen, de una u otra forma, con todos los represaliados.

No se puede hablar de reconciliación y concordia cuando la transición española hacia la democracia se llevó a cabo por un pacto de olvido y silencio, que culminó con la Ley de Amnistía en 1977, entre los partidos participantes en ella, siendo indiferentes con las víctimas y no reclamando justicia (más que reconciliación fue un acto de perdón). El PSOE en el gobierno de la nación desde finales de 1982 hasta mediados de 1996, hizo bien poco por el reconocimiento de las víctimas, incluso las de su propio partido.
No parece lógico comparar a los dos bandos implicados en el conflicto, mucho menos cuando las víctimas pertenecientes al bando sublevado fueron reconocidas y paseadas por todo el estado español durante todo el régimen franquista, sus restos buscados por todo el territorio nacional y devueltos a sus familiares; todavía se les reconoce como los “mártires por Dios y por España”.
No solo anular los juicios y condenas a que fueron sometidos los vencidos, sino reconocer, también, a aquellos asesinados, paseados, encarcelados, torturados, expoliados, humillados, etc. durante el inicio de la sublevación, la guerra civil, la posguerra y el régimen franquista sin juicio; a todos a los que se aplicó el Bando de Guerra.
Devolver el patrimonio (mobiliario e inmobiliario) incautado ilegalmente y que llevó a la miseria más absoluta a miles de familias desde el inicio de la sublevación, guerra civil, posguerra y franquismo y transferirlo a sus dueños o herederos legales; aunque el Estado deba declararse responsable civil subsidiario en algunos casos.
Reconocimiento de pública condena a los instigadores, ejecutores, delatores, testigos, etc. de los asesinatos, ejecuciones, encarcelamientos, torturas, humillaciones, etc. sobre los derrotados con sus nombres y apellidos. En justa compensación a todo el tiempo en que han soportado las familias represaliadas el calificativo de rojos, utilizado como signo de desprecio y exclusión y discriminación laboral y social.
Parece incomprensible la exclusión y falta de tacto cuando dicen que solo tienen derecho a percibir indemnización aquellos que sufrieron tres años o más de condena en cárceles o batallones disciplinarios y por cada tres años completos adicionales.

En definitiva, con este anteproyecto, el gobierno de la nación lo que ha pretendido ha sido acallar y contentar las conciencias de la derecha.

22 de agosto de 2006